21/07/2010


Por ley votada el año pasado, la emergencia económica dictada en la gestión de Duhalde durará hasta diciembre de 2011. Pero ahora quieren derogarla, para quitarle al gobierno la posibilidad de renegociar con las privatizadas.

Fuente: ellitoral.com
Por: Emerio Agretti

El Congreso ingresó esta semana en su habitual receso invernal, que si bien no es declarado formalmente, se confirma año tras año en la merma de la actividad ordinaria en ambas cámaras legislativas. Sin embargo, los principales legisladores de la oposición siguen avanzando para articular estrategias que les permitan, a partir de agosto y hasta fin de año, sancionar una serie de leyes emblemáticas y desbaratar en la mayor medida posible la estructura de poder consolidada durante años por el kirchnerismo.

En ese último plano se cuentan la intención de terminar con el régimen de emergencia económica que, tras su aprobación en enero de 2001 y tras una sucesión de renovaciones casi automáticas, otorga al Poder Ejecutivo una serie de atribuciones en materia económica, financiera y social, previstas en su momento para afrontar la crisis y que el gobierno siguió utilizando aún en una etapa de mayor normalidad.

Particularmente, esto atañe a la posibilidad de renegociar contratos de servicios públicos con empresas privadas, 29 de los cuales -sobre un total de 64, y contando entre ellos a los de las compañías telefónicas- se encuentran pendientes de resolución. “Esta ley concede facultades extraordinarias a (el ministro de Planificación) Julio De Vido para renegociar contratos, que ha sido la matriz de corrupción de este gobierno. Por eso, hay que revocárselas”, explicó la diputada nacional Elisa Carrió (Coalición Civíca), impulsora del proyecto que también lleva la firma de los jefes de bloque de la UCR, Oscar Aguad; del PJ Federal, Felipe Solá y la legisladora del PRO Gabriela Michetti.

Normalidad

En diálogo con El Litoral, el diputado santafesino Walter Agosto (PJ Federal) recordó que esta misma cuestión se discutió el año pasado y “votamos en contra de la prórroga, por la misma razón que, cuando asumimos en el gobierno de la provincia en 2003, dejamos sin efecto la emergencia, en el entendimiento de que ya se ingresaba en una etapa de normalización”.

En todo caso, Agosto consideró que en esta oportunidad la diferencia está dada por la distinta relación de fuerzas en la cámara; la misma que llevó al presidente del bloque kirchnerista, Agustín Rossi, a advertir sobre la “irresponsabilidad” de avanzar con la iniciativa opositora, ya que la emergencia “es una herramienta que el gobierno utiliza para gestionar”.

“Es necesario ordenar el país sin facultades de emergencia”, replicó Carrió. Y Agosto apuntó que “nunca se hizo una evaluación a fondo de si se justificaba o no seguir con la emergencia”. En alguna medida por mera inercia y, en otra no menor, por “el afán del Poder Ejecutivo de seguir centralizando este tipo de herramientas, que son naturales solamente en tiempos de crisis”.

“Entendemos que ha transcurrido un tiempo suficiente para que todas las cuestiones previstas hayan tenido un encauzamiento para su resolución. Es poco serio plantear que se requiere una facultad adicional para renegociar un contrato con una empresa privatizada”, añadió Agosto.

Retenciones

La emergencia económica, prevista inicialmente por un año y reiterada período tras período hasta noviembre del año pasado, cuando se la extendió hasta diciembre de 2011 -el final del mandato de Cristina Fernández de Kirchner- no es el único tema en que gobierno y oposición medirán fuerzas por el reparto de atribuciones. Con fecha de vencimiento inminente, la otra discusión versa sobre las demás facultades delegadas por el Congreso, un gigantesco paquete de normas que también fue aprobado reiteradamente y sin prácticamente analizar su contenido.

“Esto viene desde hace décadas, y siempre el Ejecutivo pedía y el Congreso se lo concedía, porque nunca se hacía un análisis más fino de lo que estaba involucrado”, sostuvo Agosto. “La última vez se formó una comisión, se hizo un dictamen, y hay un número de leyes mucho más acotado, que se pueden analizar individualmente. Lo que pretendemos, en todo caso, es que en lugar de renovar automáticamente, el Ejecutivo puntualice y fundamente qué leyes de facultades delegadas quiere renovar, y el resto quede sin efecto”, añadió.

Más allá de la discusión en general, o de la diversidad de aspectos involucrados, la cuestión más candente que atraviesa este punto es la posibilidad de que, a través del Código Aduanero, el gobierno pueda fijar derechos de exportación y, particularmente, efectuar las retenciones agropecuarias. La resolución de este tema no puede dilatarse demasiado en el tiempo, ya que tiene fecha fijada de vencimiento: el 24 de agosto.

Los temas que vienen
Indec: La oposición ya tiene un dictamen unificado en Diputados para reformular el organismo estadístico.

Jubilaciones: Hay dictamen en el Senado para llevar al 82 % móvil el mínimo de los haberes.

Consejo de la Magistratura: Diputados ya votó la reforma en la integración del organismo, que le quita poder al gobierno. Ahora debe votarse en el Senado.

Protección de glaciares: Diputados tiene que terminar la votación en particular y devolverla al Senado.

Presupuesto: El mensaje del Ejecutivo debe ingresar a Diputados antes del 15 de setiembre, lo que dará lugar a una de las discusiones más complejas de cara a 2011.

Oncca: La oposición está de acuerdo en quitarle poder al gobierno sobre el organismo de control del comercio agropecuario, pero conviven proyectos distintos: eliminarlo, quitarle atribuciones o reformularlo por completo.